
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), una respetada Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y representación permanente ante la ONU en Nueva York y Ginebra, ha emitido un comunicado contundente. En él, la organización condena enérgicamente la incautación ilegal de un buque petrolero venezolano y el consecuente secuestro de su tripulación llevados a cabo por las autoridades de Estados Unidos, calificando estos actos como graves violaciones del Derecho Internacional.
La AAJ reafirma su compromiso fundamental con los pilares del orden mundial: la defensa irrestricta de la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y el inmutable principio de no intervención. En este contexto, la Asociación condena cualquier intento de injerencia, coercitivo o unilateral, en los asuntos internos y la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela, país miembro de la comunidad internacional.
El comunicado subraya la preocupación por la ilegalidad de la operación al destacar que, si bien no se especifica si la acción tuvo lugar dentro del mar territorial venezolano o en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), el escenario geográfico sugiere una flagrante violación. La AAJ enfatiza que el Mar Caribe es un mar semicerrado con áreas de alta mar sumamente limitadas. Esto hace altamente improbable que la operación de incautación se haya efectuado en aguas internacionales, según lo estipulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El solo hecho de que la operación haya ocurrido frente a las costas venezolanas indica una posible violación a la integridad territorial marítima y a los derechos soberanos del Estado venezolano sobre su espacio marítimo adyacente.
La organización hace un énfasis crítico en la violación de marcos normativos internacionales cruciales. En particular, la acción representa un claro incumplimiento de la Resolución 3314 (XXIX) de 1974 de la Asamblea General de la ONU, la cual establece la Definición de la Agresión. Este instrumento legal es explícito al clasificar como un acto de agresión no solo la invasión o ataque al territorio de otro país, sino también las ofensivas dirigidas contra sus fuerzas navales o buques, estén estas desplegadas en alta mar o en sus propias aguas jurisdiccionales. La incautación y detención forzosa de un buque estatal o de bandera estatal, junto con su tripulación, se alinea directamente con la tipificación de un acto de coerción y hostilidad que atenta contra la seguridad marítima y la paz regional.
La AAJ concluye su comunicado señalando que este tipo de medidas unilaterales y coercitivas no solo refuerzan una política de hostilidad y confrontación hacia Venezuela, sino que, de manera más amplia, socavan principios vitales y consensuados del orden jurídico internacional. Estos actos sientan un precedente peligroso que amenaza la coexistencia pacífica y la seguridad jurídica global.
Finalmente, la Asociación Americana de Juristas exhorta con urgencia a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los Estados observadores para que reconozcan la gravedad de esta situación y tomen medidas concretas. La exigencia es clara: demandar el respeto irrestricto a las normas del Derecho Internacional que resguardan la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia y, sobre todo, la paz y la seguridad internacionales.
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