En el marco de un panel académico y jurídico celebrado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), autoridades estatales y representantes comunitarios abordaron los escenarios legales que abre la reciente emisión de una orden de arresto en Florida contra el exmandatario cubano Raúl Castro (95), por su presunta responsabilidad en los sucesos ocurridos el 24 de febrero de 1996.
El recurso judicial, hecho público el pasado 19 de octubre por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, dispone la detención sin derecho a fianza del exdirigente en la jurisdicción estatal, sumándose a la imputación formulada en la instancia federal el pasado mes de mayo por los mismos hechos.
Marco probatorio y alcance jurisdiccional
Durante la jornada, las autoridades explicaron que la causa estatal tramitada ante el tribunal de la jueza Ariana Fajardo Orshan se fundamenta en evidencias sobre redes de inteligencia que operaron en el sur de Florida, recopilando datos que habrían facilitado la ejecución de la denominada Operación Escorpión, la cual derivó en la interceptación y derribo de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate, con un saldo de cuatro fallecidos.
«Florida está lista para someterlo a proceso judicial en caso de que llegue a estar bajo custodia de las autoridades estadounidenses», aseveró Uthmeier durante la exposición del caso.
Por su parte, analistas y juristas presentes en el encuentro señalaron que la coexistencia de expedientes en los fueros estatal y federal amplía los instrumentos de cooperación internacional y las restricciones de desplazamiento para los señalados. No obstante, legisladores e integrantes del poder público local coincidieron en que la materialización de un juzgamiento presencial depende de complejos factores diplomáticos y procesales en el ámbito internacional, mientras que desde La Habana las representaciones gubernamentales han desestimado los señalamientos al calificarlos como medidas de presión política.
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