La reforma de ley propone elevar de 20 a 32 el total de jueces en la alta corte, en medio de cuestionamientos de la bancada opositora por la celeridad del proceso y advertencias de organizaciones civiles.
La Asamblea Nacional (AN) dio luz verde este martes 5 de mayo, en su primera discusión plenaria, a un proyecto de reforma legal destinado a reestructurar la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La propuesta busca incrementar la plantilla de magistrados de 20 a 32 integrantes.
El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, fundamentó la medida como parte de un proceso para alcanzar una «transformación profunda» del sistema judicial venezolano.
Detalles de la reconfiguración judicial
La reforma se centra específicamente en la modificación del artículo 8 de la ley vigente para redistribuir el número de jueces por cada sala:
Salas de Casación (Civil, Penal y Social), Electoral y Político-Administrativa: Pasarían de tres a cinco magistrados cada una.
Sala Constitucional: Se integraría por siete magistrados, sumando dos a su composición actual de cinco.
Este movimiento legislativo coincide con el proceso de selección que adelanta la AN para cubrir las vacantes generadas por renuncias y jubilaciones en el máximo tribunal.
Reacciones y críticas parlamentarias
El bloque opositor, representado por el diputado Tomás Guanipa, manifestó su rechazo a la forma en que se presentó el proyecto. Guanipa denunció que el texto fue entregado apenas una hora antes del inicio de la sesión, impidiendo un debate técnico y consensuado.
“Este no es un tema ni de cargos ni de nombres, sino de un sistema completamente corrompido”, afirmó Guanipa al salvar su voto, exigiendo una discusión transparente frente al país.
Ante estos señalamientos, el diputado Jorge Rodríguez instó a la bancada oficialista a evitar confrontaciones, calificando las posturas opositoras como «maniqueísmo».
Preocupación de la sociedad civil
La organización no gubernamental Provea también se pronunció sobre el tema, subrayando que cualquier reforma judicial debe estar sujeta a una selección de magistrados apegada a la Constitución. La ONG alertó sobre el riesgo de que estos cambios respondan únicamente a agendas políticas externas, dejando fuera la participación de la academia, las víctimas y los organismos internacionales.
Este debate se produce apenas semanas después de que el Ejecutivo instalara una comisión para la reforma de la justicia penal, con el fin de combatir el retardo procesal y la corrupción que afectan al sistema.
Diariorepublica.com
