Tras el cierre del proceso de recepción de credenciales, el Comité de Evaluación de Postulaciones publicó el listado de los 128 candidatos. Larry Devoe y Ernesto Villegas figuran entre los nombres más destacados para dirigir el Ministerio Público y la Defensoría, respectivamente.
El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano de la Asamblea Nacional hizo pública este lunes la lista definitiva de los ciudadanos que aspiran a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo. Este anuncio marca el inicio de la fase de depuración tras concluir, el pasado viernes, el periodo de entrega de expedientes.
Marco legal y proceso de selección
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 279 de la Constitución y el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el órgano parlamentario oficializó los nombres de quienes superaron la primera etapa administrativa. El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité, informó que las jornadas de entrevistas han sido intensas y extensas debido al alto volumen de participación registrado en esta convocatoria.
El proceso busca regularizar la titularidad de ambas instituciones, tras la renuncia en febrero de Alfredo Ruiz a la Defensoría y la posterior dimisión de Tarek William Saab a la Fiscalía (quien ocupaba interinamente la Defensoría).
Ministerio Público: Un total de 73 profesionales compiten por la titularidad de la Fiscalía General. Entre ellos resalta el nombre de Larry Daniel Devoe Márquez, quien ejerce actualmente como Fiscal Encargado.
Defensoría del Pueblo: Para la dirección de este órgano, destaca la postulación del actual ministro de Cultura, Ernesto Villegas, dentro de un nutrido grupo de aspirantes que buscan suceder la gestión temporal actual.
Próximos pasos
Una vez publicada la lista, el Comité de Evaluación procederá a la fase de impugnaciones y evaluaciones finales antes de presentar la terna definitiva ante la Plenaria de la Asamblea Nacional para su designación oficial. Este proceso es considerado vital para la estabilidad jurídica y la protección de los derechos humanos en el país.
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