La «presidenta encargada», Delcy Rodríguez, instaló este miércoles la Comisión de Evaluación de Activos Públicos, marcando un cambio de timón en la política económica nacional. El Estado priorizará la eficiencia sobre la estatización, categorizando sus bienes entre gestión estratégica, alianzas público-privadas, venta a terceros y liquidación definitiva.
En lo que analistas califican como un giro estratégico hacia la pragmática financiera, el Ejecutivo nacional dio inicio este miércoles 22 de abril a una profunda revisión del patrimonio del Estado. La instalación de la Comisión de Evaluación de Activos Públicos, liderada por Delcy Rodríguez, tiene como propósito auditar el inventario estatal para determinar qué activos impulsarán la recuperación económica y cuáles, por su ineficiencia o falta de relevancia operativa, serán desincorporados.
Categorización para la eficiencia
Durante la sesión de instalación, la mandataria detalló la hoja de ruta que guiará este proceso de reordenamiento, el cual clasifica el patrimonio nacional en cuatro categorías clave:
Bienes Estratégicos: Activos que permanecerán bajo control estatal absoluto.
Alianzas Público-Privadas: Empresas e infraestructuras que, para ser operativas, requieren inyección de capital y transferencia tecnológica externa.
Transferencia a Terceros: Bienes considerados «no necesarios» para los procesos fundamentales de la nación, los cuales serán puestos a disposición de inversionistas.
Liquidación: Activos que se darán de baja definitivamente.
Prioridad: Rentabilidad y productividad
Esta medida representa una ruptura marcada con la política de estatizaciones masivas de años previos. La premisa actual es la viabilidad financiera: el Estado busca consolidar una capacidad de respuesta real en los sectores vitales, dejando atrás la acumulación de activos improductivos que han drenado los recursos públicos.
Respaldo empresarial
La instalación de esta comisión contó con la presencia de figuras clave del gabinete económico, como el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, y la ministra de Finanzas, Anabel Pereira.
Un hecho destacado fue la participación de Luigi Pisella, representante del sector industrial, cuya presencia fue leída por los expertos como un espaldarazo del gremio empresarial al proceso de apertura. La colaboración con el sector privado es interpretada como una señal de confianza para atraer inversiones hacia activos que, bajo administración privada, podrían reactivar el aparato productivo nacional.
El proceso de auditoría, que inicia formalmente hoy, se perfila como una de las medidas más significativas para el ajuste fiscal y la redefinición del rol del Estado en la economía venezolana del 2026.
Diariorepublica.com
