La ONG Transparencia Venezuela solicitó formalmente al gobierno mexicano retomar las investigaciones sobre la red de corrupción transnacional vinculada al empresario Alex Saab y el programa de alimentos Clap, tras confirmarse su deportación a Estados Unidos. Mercedes de Freitas, directora de la organización, advirtió que el caso representa un esquema de gran corrupción con graves consecuencias humanitarias y no una simple irregularidad comercial.
Contexto de la exigencia
La solicitud de la organización civil se basa en el impacto directo que el desvío de recursos y la compra de alimentos de baja calidad tuvieron sobre la población venezolana durante el periodo de mayor crisis. Según datos presentados por la oenegé, las irregularidades en la importación de insumos coincidieron con el deterioro nutricional de los ciudadanos entre 2015 y 2017. La dirección ejecutiva de la institución enfatizó que México operó como un nodo clave en el esquema, por lo que tiene la responsabilidad legal de romper el silencio institucional y revisar los flujos financieros detectados en su territorio.
Operaciones en territorio mexicano
Las investigaciones preliminares y los expedientes judiciales en Estados Unidos señalan que la relación de Saab con empresas mexicanas comenzó formalmente en 2016, a través de contratos sobrevaluados para la adquisición de 10 millones de cajas de alimentos. El precio pactado por cada unidad duplicaba el costo real de mercado, permitiendo un margen de ganancia ilícito que posteriormente se distribuyó mediante una red de empresas fantasma. El esquema evolucionó en 2020 hacia modalidades de intercambio de petróleo por alimentos, diseñadas para evadir las sanciones internacionales vigentes contra la estatal Pdvsa.
Estado actual de los expedientes
A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera de México detectó los movimientos de capitales y procedió al congelamiento de diversas cuentas bancarias, el avance judicial del expediente se mantiene estancado. Informes y análisis locales coinciden en que la investigación penal fue fragmentada deliberadamente por las autoridades del gobierno anterior para limitar las responsabilidades a funcionarios de menor rango, protegiendo a la cúpula política y empresarial involucrada en las operaciones binacionales.
