Donald Trump ha desatado una nueva controversia constitucional en Washington al defender que su administración no requiere la autorización del Congreso para realizar ataques militares contra presuntos grupos del narcotráfico en América Latina.
De acuerdo con un reporte de The Washington Post, la Casa Blanca ha intensificado sus operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, utilizando drones, barcos y tropas, amparándose en una interpretación legal que excluye estas acciones de la categoría de “hostilidades” contempladas en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.
Argumento legal y elusión del Congreso
El argumento central, defendido por T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Casa Blanca, sostiene que los operativos no necesitan la aprobación del Congreso porque no implican un riesgo directo a las tropas estadounidenses. Según esta postura, los ataques a distancia (con misiles, drones o armamento de largo alcance) no violarían la ley aprobada tras la Guerra de Vietnam, la cual obliga al presidente a notificar y justificar cualquier intervención militar sostenida.
El Congreso fue notificado de las operaciones el 4 de septiembre, lo que activó el plazo legal de 60 días para aprobar, limitar o detener las acciones militares. Dicho periodo vence hoy, sin que haya señales de una reducción en la actividad bélica por parte de la Casa Blanca.
Actualmente, Estados Unidos mantiene en la zona ocho buques, un portaaviones y aviones de combate como los F-35 desplegados en Puerto Rico.
Aumento de la actividad militar y preocupación por Venezuela
Los hechos sobre el terreno evidencian un aumento de la actividad militar. Desde el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques en el Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Informes extraoficiales citados por La Tribuna de México indican decenas de muertos, si bien el Pentágono no ha confirmado ni el número de bajas ni la identidad de los objetivos.
El presidente Trump ha sugerido la posibilidad de extender estas operaciones a territorio venezolano, aunque públicamente lo ha negado. No obstante, funcionarios del Congreso han asegurado que el Departamento de Defensa ha considerado escenarios de intervención terrestre, lo que ha elevado la tensión entre legisladores, incluyendo a miembros de su propio partido.
Advertencia de expertos y falta de transparencia
Expertos legales y congresistas de ambos partidos cuestionan seriamente la postura del gobierno, señalando un grave precedente y una posible violación constitucional.
Brian Finucane, exasesor del Departamento de Estado, advierte que esta interpretación legal nunca antes se había utilizado para justificar ataques contra civiles señalados únicamente por supuestos vínculos criminales, y que eludir al Congreso constituye una violación constitucional.
Además, crece el descontento en el Congreso por la falta de transparencia del Pentágono.
Senadores como Mark Warner y Jack Reed denunciaron el retraso en la entrega de documentos legales y listas de objetivos.
Legisladores de la Cámara de Representantes revelaron que funcionarios abandonaron reuniones cuando se les exigieron detalles sobre la inteligencia utilizada o la relación de los ataques con el tráfico de fentanilo.
Informes internos indican que la cocaína sigue predominando en las operaciones de tráfico, más que el fentanilo.
El debate legal y político se intensifica al expirar el plazo congresional, dejando abierta la cuestión sobre el futuro de la autoridad presidencial en el uso de la fuerza militar.
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