
El gremio periodístico del estado Zulia recibió con alivio la noticia de la liberación de dos de sus miembros. Este miércoles 14 de enero, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Zulia confirmó la excarcelación de Leandro Palmar, coordinador de información de Luz Radio 102.9 FM, y del videógrafo Belises Cubillán, tras permanecer 370 días privados de libertad.
El fin de una detención calificada como arbitraria
Ambos trabajadores de la prensa abandonaron las instalaciones del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), poniendo fin a lo que el CNP ha denunciado reiteradamente como una “detención injusta y arbitraria” derivada del ejercicio de su profesión.
“Tras un año de injusta detención, confirmamos la liberación de nuestros colegas Leandro Palmar y Belises Cubillán”, anunció la seccional zuliana a través de sus canales oficiales.
Cronología de la criminalización informativa
La odisea de Palmar y Cubillán comenzó el 9 de enero de 2025, en el contexto de una cobertura periodística en la Plaza La República de Maracaibo. Aquel día, mientras registraban una movilización opositora, fueron arrestados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Los hitos del caso incluyen:
Cargos imputados: Terrorismo e incitación al odio, acusaciones que el gremio rechazó como un intento de criminalizar el reporte de noticias.
Reclusión inicial: Pasaron sus primeros meses en el Destacamento 111 de Sabaneta, en la capital zuliana.
Traslado forzoso: El 1 de noviembre fueron movilizados al penal de Tocorón junto a otros ciudadanos vinculados a la misma causa judicial.
Reacción del gremio
La liberación de Palmar y Cubillán ocurre en el marco de una serie de beneficios procesales que se han extendido a diversos sectores en los últimos días. Colegas y defensores de la libertad de prensa en el Zulia han celebrado su retorno, aunque insisten en que nunca debieron ser procesados por cumplir con su deber de informar.
Con esta excarcelación, se cierra un capítulo crítico para la prensa universitaria y regional, aunque las organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando el estatus legal bajo el cual fueron liberados.
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