El Gobierno de la República Popular China emitió este miércoles un contundente rechazo a las presiones ejercidas por la administración de Donald Trump sobre Venezuela. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, calificó como «coerción política» los intentos de Washington por monopolizar la explotación de los recursos energéticos del país sudamericano bajo condiciones que vulneran la legalidad internacional.
Rechazo a las condiciones de Washington
La reacción de Pekín surge tras informes de ABC News que detallan una serie de exigencias impuestas por la Casa Blanca a la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Según estas versiones, EE. UU. habría condicionado la operatividad petrolera a cambio de que Venezuela rompa relaciones estratégicas con China, Rusia, Irán y Cuba.
«Condicionar el uso de los recursos naturales de una nación a los intereses exclusivos de Washington es una práctica de intimidación incompatible con el derecho internacional. Venezuela posee soberanía plena y permanente sobre su territorio y sus actividades productivas», sentenció Mao Ning durante su comparecencia ante los medios.
Defensa de los intereses legítimos de Pekín
China, uno de los principales socios comerciales de Venezuela, dejó claro que no permitirá que la doctrina de «Estados Unidos primero» desplace sus inversiones y acuerdos vigentes. La portavoz subrayó varios puntos clave de la postura china:
Multilateralismo: Rechazo tajante a que terceros países sean forzados a adoptar políticas dictadas por EE. UU.
Cooperación Soberana: Reafirmación de que los vínculos entre Pekín y Caracas se basan en el beneficio compartido y el respeto mutuo.
Protección de Derechos: China aseguró que defenderá con firmeza los derechos e intereses legítimos de sus empresas en suelo venezolano.
Un tablero geopolítico en crisis
Las declaraciones de la Cancillería china ocurren en un momento de extrema fragilidad diplomática tras la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro. Pekín se suma así a las voces internacionales que cuestionan la legalidad del uso de la fuerza por parte de EE. UU. y el impacto que estas sanciones y presiones tienen sobre la población civil venezolana.
Para el gigante asiático, el control de los recursos energéticos venezolanos no debe ser utilizado como una herramienta de chantaje político, instando a la comunidad internacional a defender la Carta de las Naciones Unidas frente a lo que consideran una escalada de unilateralismo estadounidense.
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