Las nuevas licencias permiten a empresas estadounidenses retomar operaciones de hidrocarburos bajo un esquema de vigilancia financiera y control jurisdiccional riguroso.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha marcado un hito en la política exterior hacia el país caribeño este martes 10 de febrero. Mediante la emisión de dos licencias estratégicas, el gobierno estadounidense ha iniciado una apertura controlada en el sector de los hidrocarburos, permitiendo que corporaciones norteamericanas reactiven la exploración, producción y logística dentro del territorio venezolano. Esta decisión llega tras años de parálisis operativa derivada de las restricciones impuestas en 2019.
Un marco de vigilancia estratégica y control estricto
La flexibilización no representa un levantamiento total de las sanciones, sino una reconfiguración técnica diseñada para reactivar el flujo energético sin ceder el control político. El Tesoro enfatizó que cada operación comercial estará bajo una supervisión constante para asegurar que los beneficios económicos no fortalezcan de manera directa a figuras del antiguo gobierno que permanecen en las listas de sancionados.
Este esquema de vigilancia busca un equilibrio entre la necesidad global de suministro energético y la presión diplomática. Las autoridades estadounidenses han dejado claro que estas licencias son revocables en cualquier momento si se detectan irregularidades o si el flujo de capital se desvía de los canales autorizados.
Condiciones legales y jurisdicción de los contratos
Uno de los puntos más críticos de esta nueva normativa es la exigencia de que cualquier acuerdo contractual con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o el estado venezolano se rija bajo el marco legal de Estados Unidos. Esta condición elimina la incertidumbre jurídica para las empresas privadas, asegurando que las normativas de cumplimiento internacional prevalezcan sobre la legislación local venezolana en materia de negocios petroleros.
Además, el Tesoro ha estipulado que cualquier disputa legal o conflicto de intereses que surja de estas operaciones será resuelto exclusivamente en tribunales estadounidenses. Esta medida garantiza una capa de protección adicional para los inversores y reafirma el control de Washington sobre la arquitectura financiera del acuerdo.
Mecanismos de control de pagos y transparencia
Para evitar el financiamiento de entidades sancionadas, se ha implementado un sistema de control financiero centralizado. Todos los pagos generados por la actividad comercial deben depositarse en cuentas designadas y monitoreadas por el Departamento del Tesoro. Este mecanismo asegura que los fondos se utilicen para fines operativos y sociales autorizados, manteniendo el rastro del dinero lejos de estructuras paralelas.
Reactivación de la infraestructura logística nacional
De forma complementaria, la medida autoriza el uso de puertos y aeropuertos venezolanos para operaciones calificadas como ordinarias y necesarias. Esto permite a las empresas pagar tasas de aterrizaje y servicios portuarios indispensables para el transporte de maquinaria y personal. La reapertura logística es fundamental para garantizar que la cadena de suministro funcione de manera eficiente, siempre que estas transacciones no involucren a individuos específicamente bloqueados por la oficina de control de activos extranjeros.
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