
La impostora utilizó un título falso de la Universidad de los Andes para ejercer ilegalmente la cirugía hasta ser descubierta por las autoridades.
El sistema de salud en Argentina se encuentra conmocionado tras revelarse un caso de ejercicio ilegal de la medicina que se prolongó durante casi un lustro. Una mujer, cuya identidad permanece bajo reserva judicial, logró infiltrarse en centros asistenciales y clínicas privadas simulando ser una profesional de la salud. La estructura de engaños, que incluía documentación apócrifa y una identidad profesional robada, finalmente colapsó esta semana tras una investigación exhaustiva que culminó con su detención inmediata.
El origen de la falsificación documental
La acusada basó toda su carrera ficticia en un título de médica cirujana presuntamente emitido por la Universidad de los Andes (ULA), Venezuela. Según las primeras pericias, el diploma presentaba sellos y firmas que imitaban los estándares internacionales, lo que le permitió inscribirse en colegios médicos y obtener contratos laborales de manera fraudulenta. Sin embargo, tras una consulta formal con las autoridades académicas venezolanas, se confirmó que la mujer nunca figuró en los registros de egresados de dicha institución educativa.
Un lustro de riesgo para los pacientes
Durante casi cinco años, la falsa médica no solo realizó consultas generales, sino que también participó en intervenciones de cirugía menor. Su capacidad para mimetizarse en el entorno hospitalario le permitió evadir los controles internos de recursos humanos. La sospecha inicial surgió cuando otros colegas notaron inconsistencias técnicas en sus diagnósticos y una falta de conocimiento profundo sobre protocolos básicos de bioseguridad. Estas alertas tempranas motivaron una denuncia anónima que puso en marcha el protocolo de verificación de antecedentes penales y profesionales.
Avance de la causa y situación judicial
Actualmente, la mujer se encuentra bajo custodia policial enfrentando cargos por ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documento público y estafa reiterada. La justicia argentina está rastreando el historial de todos los pacientes que pasaron por sus manos para determinar si hubo daños físicos o secuelas derivadas de sus tratamientos. Por su parte, los centros de salud involucrados podrían enfrentar sanciones administrativas por no validar rigurosamente la documentación de su personal. Este caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de digitalizar y centralizar los registros de títulos universitarios extranjeros para evitar que una negligencia de esta magnitud vuelva a poner en riesgo la vida de los ciudadanos.
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