Una demanda de defensa de derechos constitucionales y difusos contra los alcaldes de Baruta y El Hatillo fue presentada y recibida en la Sala Constitucional del TSJ, para que se obligue a ambos funcionarios a cumplir con su obligación de proteger la vida, la salud, la seguridad personal, el trabajo y el derecho al libre tránsito de los residentes.
La acción la formalizó el abogado Juan Ernesto Garantón, quien expone que los dos municipios están cercados por guarimbas y cuando algún vecino intenta retirarlas es agredido con peligro de su vida, no se puede entrar ni salir, hay cerros de basura, proliferan las ratas e insectos dañinos y casi todas las alcantarillas están sin tapas, ya murió un motorizado en Altamira al caer en el hueco de una, dice.
Reconoce Garantón la jerarquía constitucional del derecho a manifestar y protestar y a la participación política de los responsables de la situación, pero no menos constitucionales son los derechos violados y cuya vigencia deben garantizar ambos alcaldes.
Vía Últimas Noticias