La sospechosa explotaba a la menor de 15 años desde que tenía 12, enviando el material a un hombre en Panamá a cambio de transferencias bancarias.
Arresto en el estado Barinas
Por el delito de abuso infantil con el agravante de parentesco, funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas detuvieron a Yeniffer Rodríguez Ocampo, de 39 años de edad. La captura se llevó a cabo en el sector Andrés Eloy Blanco de Santa Bárbara, en el municipio Ezequiel Zamora. Las autoridades actuaron tras comprobar que la mujer utilizaba la imagen de su hija de 15 años para percibir ingresos económicos de forma ilegal.
El procedimiento de captura fue ejecutado por una comisión adscrita a la delegación municipal de Santa Bárbara. Esta unidad se activó de manera inmediata tras recibir denuncias formales sobre las graves irregularidades que ocurrían en el entorno familiar de la víctima.
Tres años de explotación continua
El director nacional del cuerpo detectivesco, el comisario Douglas Rico, informó que las investigaciones preliminares determinaron que Rodríguez Ocampo enviaba registros fotográficos de contenido íntimo a un ciudadano residenciado en Panamá. El receptor fue identificado como Fabián Rosales, un hombre con quien la señalada presuntamente sostiene una relación sentimental a distancia.
De acuerdo con el reporte oficial de los cuerpos de seguridad, las acciones ilícitas no se limitaban al envío de fotografías. El patrón de abuso también incluía la realización de videollamadas en tiempo real, en las cuales la detenida exponía a la menor de edad desnuda a cambio de transferencias constantes de dinero en divisas.
Las averiguaciones policiales revelaron además un factor de continuidad en el delito ambiental. Los expertos precisaron que estas conductas de explotación explícita se venían ejecutando de manera sistemática desde hacía tres años. Esto significa que los abusos comenzaron cuando la víctima tenía apenas 12 años de edad, configurando un daño psicológico y físico prolongado.
Presentación ante el ministerio público
Durante el operativo de detención, los funcionarios policiales lograron la recopilación de evidencias tecnológicas clave, incluyendo los dispositivos móviles utilizados para las transmisiones. Tras culminar los protocolos de aprehensión, la ciudadana fue puesta a la disposición de la fiscalía 90° del Ministerio Público. Esta institución judicial asumirá la presentación de los cargos penales correspondientes ante los tribunales competentes del estado, donde se solicitará la privativa judicial preventiva de libertad por los delitos imputados.
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