Una vez aprobada la Convención Colectiva Única, Manuel Rachadell —profesor universitario, abogado y asesor jurídico de la Universidad Central de Venezuela— redactó un documento público en el que destaca la eliminación de las cláusulas más polémicas de la Convención Colectiva Única.
El conflicto universitario podría estar cesando en las próximas horas, aunque el profesor Rachadell, desglosa los aspectos que por ahora han sidos eliminados gracias a la lucha de las universidades en la calle, luego de más de un mes de paralización de sus actividades docentes.
En la revisión final, Rachadell dice que existen marcadas diferencias entre el proyecto consignado el 21 de enero de 2013 ante el Ministerio del Trabajo y el documento final resultante de la negociación. El texto original contenía 157 cláusulas y se eliminaron 47 que contemplaban la instauración del socialismo, que afectaban la libertad de cátedra y estipulaban el aporte de recursos por parte de los trabajadores, entre otros aspectos no inherentes a un instrumento de esa naturaleza.
“En términos generales, se nota un esfuerzo por suprimir las cláusulas del proyecto inicial que contenían violaciones escandalosas del ordenamiento constitucional”.
Suprimidas cláusulas “socialistas”
El jurista aclara que la universidad es un espacio de pluralidad y no podía circunscribirse a una imposición ideológica, en menoscabo de otras, para que convivan democráticamente. “Se suprime la mención al propósito de establecer una ‘ética socialista’ para las Universidades, de acuerdo a lo dispuesto en el inexistente Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, y con la cual se violaban expresas disposiciones de la Constitución, de la Ley Orgánica de Educación y de la Ley de Universidades”.
Destaca la eliminación de características que debía tener el sistema electoral para elegir a las autoridades universitarias (voto 1x1x1), “lo cual no es materia de una convención colectiva”.
Trabajo voluntario y aportes
Se suprime la obligación del trabajo “voluntario” de los trabajadores universitarios en las “misiones sociales”. “Como sabemos, son apéndices partidistas y, en cambio, se sustituye por el trabajo voluntario al servicio del Indepabis”, destaca, lo cual debe revisarse.
También desapareció la retención de aportes “voluntarios” de los trabajadores universitarios para la Fundación de Solidaridad con los Pueblos, fundación que tenía como visión “enfrentar la extrema pobreza, situaciones de orfandad, vejez y calamidad pública en el país y pueblos hermanos”.
Se modificó la previsión sobre aportes obligatorios al Ipasme de los trabajadores universitarios y se determina que podrán ingresar a esta institución los trabajadores administrativos y docentes “que hayan manifestado por escrito su voluntad de afiliación”.
Eliminada la amenaza docente
Para Rachadell, otra de las supresiones más importantes de la Convención se relaciona con la libertad de la actividad docente, pues se eliminó la necesidad del aval de la comunidad organizada (Consejos Comunales) para que proceda el ascenso de los profesores. “Se excluye la cláusula según la cual la libertad de cátedra estará sometida a los principios socialistas y al inexistente Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, por la remisión a la Cláusula 6ª del Proyecto de Convención Colectiva”, explica.
Peligro latente
Rachadell alerta que se mantiene el propósito de crear “la Federación Única de Trabajadoras y Trabajadores Universitarios”, lo cual —a su juicio— resulta lesivo porque se descarta la libertad de los universitarios de asociarse libremente en sindicatos y federaciones, derecho garantizado en el artículo 95 de la Constitución.
Vía LUZADN