Gobernador Newsom firma protecciones a menores y Los Angeles declara emergencia migratoria
El estado y el condado de Los Ángeles movilizan recursos y legislación para proteger a los inmigrantes latinos ante la campaña de deportaciones masivas de la administración republicana.
En una confrontación directa con las políticas federales de deportación masiva, los gobiernos de California y del condado de Los Ángeles han promulgado una serie de medidas contundentes en apoyo a las comunidades inmigrantes. El estado está construyendo un «muro de contención legal» ante la ofensiva del presidente Donald Trump.
Medidas estatales: La Ley de Preparación Familiar (AB 495)
El Gobernador Gavin Newsom ha tomado la delantera al firmar en días recientes la Ley del Plan de Preparación Familiar (AB 495). Esta legislación clave:
Permite la tutela temporal: Autoriza a familiares de migrantes detenidos o deportados a tomar la tutela de los menores que queden desamparados.
Protege la orivacidad infantil: Prohíbe a las guarderías y centros de cuidado recopilar información sobre el estatus migratorio de los niños y sus progenitores.
«Nuestros hijos merecen sentirse seguros en casa, en la escuela y en la comunidad,» declaró Newsom. «Queremos dejar constancia de nuestro apoyo a nuestras familias y su derecho a proteger su información privada.»
Esta nueva ley se suma a la directiva previa de Newsom, que ya autorizaba a todos los departamentos estatales a proteger y estabilizar a las comunidades golpeadas por las redadas desde junio pasado.
Emergencia en Los Ángeles ante la crisis humanitaria
Por su parte, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó una proclamación de emergencia por las redadas a gran escala que han azotado la zona, especialmente las dirigidas a personas de habla hispana o apariencia hispánica.
Esta declaración, usualmente reservada para desastres naturales, liberará recursos para asistencia y ayuda a las familias afectadas en el condado más diverso del país.
Quienes apoyan la acción citan el impacto económico de las tácticas migratorias: el temor generalizado ha provocado una disminución de la asistencia laboral, con encuestas indicando que los ingresos semanales de los inmigrantes han caído hasta en un 60%.
California como baluarte legal
Para la sociedad civil, las nuevas iniciativas convierten al estado en un referente de resistencia.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), y patrocinadora de la AB 495, enfatizó:
«California reconoce nuestro valor económico además de nuestra dignidad como residentes que no deben ser criminalizados, perfilados racialmente, o intimidados. California se convierte en la contraparte que edifica barreras legales contra el Gobierno Trump.»
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