Cuba ha dado un paso trascendental y controversial en su política monetaria con la formalización del uso de monedas extranjeras en operaciones internas, una medida que institucionaliza la dolarización parcial de la economía mientras refuerza el control estatal sobre los flujos de divisas. Un conjunto de disposiciones legales, publicadas este jueves en la Gaceta Oficial, legitima el empleo de divisas —principalmente el dólar estadounidense y otras monedas fuertes— en transacciones comerciales y financieras dentro del país, confirmando una tendencia que el propio Gobierno ha impulsado en un contexto de profunda crisis económica.
El nuevo andamiaje legal, compuesto por instrumentos jurídicos clave como el decreto-ley 113 y varias resoluciones del Banco Central de Cuba (BCC) y el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), establece un sistema centralizado para la gestión y distribución de todas las divisas que ingresen a la nación. Este marco regulatorio tiene un alcance amplio, cubriendo a todos los actores económicos y sociales: desde grandes empresas estatales y cooperativas hasta micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas y ciudadanos individuales.
Centralización y prioridades del Estado
El espíritu de la reforma es claro: centralizar el control estatal sobre la moneda extranjera para «optimizar» su utilización en función de los intereses nacionales. El Ministerio de Economía será el ente rector encargado de determinar qué sectores, actividades, o actores económicos podrán realizar operaciones en moneda extranjera. Las nuevas directrices ya han delineado las prioridades, enfocándose en aquellas actividades consideradas vitales para la economía:
Proyectos y actores vinculados directamente a la exportación de bienes y servicios.
Iniciativas que promuevan la sustitución de importaciones.
Sectores y negocios con capacidad probada para generar nuevos ingresos en divisas.
Esta capacidad discrecional del MEP subraya un modelo de dolarización que dista mucho de ser libre, consolidando un mecanismo de asignación de divisas de carácter administrativo en lugar de uno basado puramente en el mercado.
Un sistema de pagos abierto a otras monedas
A pesar del enfoque en el control, las autoridades han destacado la flexibilidad del nuevo sistema. La ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, y el titular de Economía, Alonso Vázquez, han coincidido en que el esquema «abre la puerta» a que otras divisas, además del dólar, funcionen como medios de cobro y pago a nivel interno. Este mecanismo revierte parcialmente las restricciones impuestas tras la denominada Tarea Ordenamiento de 2021, que había eliminado las transacciones directas en moneda extranjera, salvo en tiendas específicas.
Sin embargo, un punto de gran expectación y crítica ha sido la omisión de la esperada actualización del tipo de cambio oficial. Aunque las normativas mencionan la necesidad de mantener un tipo de cambio estable, la Gaceta Oficial no incluyó la tasa actualizada que el Ejecutivo había prometido anunciar antes de fin de año, manteniendo la enorme brecha con el tipo de cambio informal, que rige la mayor parte de las transacciones privadas.
Contexto de profunda crisis monetaria
Esta formalización llega como respuesta a una crisis económica que se ha agravado desde la fallida reforma monetaria de 2021. Aquella unificación cambiaria, que buscaba simplificar el sistema, desató una serie de desequilibrios macroeconómicos: la inflación se disparó, el déficit fiscal se hizo incontrolable y la liquidez del sistema bancario se evaporó. El resultado ha sido un desplome acumulado del Producto Interno Bruto (PIB) cubano que supera el 11% en los últimos cinco años.
La situación se ha complicado con un virtual «corralito» financiero impuesto desde 2023, que incluye severas limitaciones a los retiros de efectivo en pesos cubanos y, más recientemente, la restricción impuesta a embajadas y empresas extranjeras para acceder libremente a sus propios depósitos en divisas. La nueva regulación, al centralizar las divisas, parece apuntar a una gestión más estricta de esta escasez crítica.
Analistas económicos señalan que, aunque la medida reconoce una realidad que ya existía en la práctica —la circulación de divisas en un mercado informal boyante—, el énfasis en el control estatal sugiere que el objetivo principal es captar, centralizar y asignar los flujos de moneda extranjera para sostener las operaciones prioritarias del Estado en lugar de impulsar la competitividad general de la economía.
www.diariorepublica.com
