El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la formación de un nuevo «grupo operativo» de Seguridad Nacional en el sur de Texas, una medida que se produce inmediatamente después de una redada masiva ejecutada por agentes federales en San Antonio, la cual resultó en el arresto de más de 140 personas migrantes.
La iniciativa, que estará integrada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tiene como propósito declarado «combatir el crimen transnacional», con un enfoque particular en organizaciones como carteles de drogas y pandillas, operando tanto dentro como «por fuera de las fronteras» estadounidenses.
«Estamos dedicados a desmantelar los carteles y las redes criminales responsables de la violencia, la trata de personas y el contrabando de drogas, con el objetivo final de proteger la seguridad de las comunidades a las que servimos», afirmó Alex Doran, agente especial del FBI en San Antonio, en un comunicado oficial.
El operativo y el foco en la inmigración
El anuncio sigue de cerca al operativo del pasado domingo 16, ocurrido alrededor de las 2:00 de la madrugada (hora local). Las autoridades federales confirmaron la detención de aproximadamente 140 personas, identificadas como provenientes de Venezuela, Honduras, México y otros «países latinoamericanos».
Aunque el comunicado conjunto del FBI y el DHS aseguró que la acción tenía como uno de sus objetivos principales irrumpir con la presunta presencia del grupo criminal transnacional venezolano, el “Tren de Aragua”, en la ciudad, las agencias no han ofrecido hasta el momento detalles específicos sobre los detenidos, incluyendo cuántos enfrentan cargos criminales o si poseen antecedentes penales verificados.
Voces críticas y el temor de la comunidad
La acción federal ha generado una inmediata ola de preocupación y cuestionamientos por parte de líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos.
Liliana Padilla, pastora de una iglesia metodista en San Antonio con una congregación predominantemente latina, expresó en declaraciones a la agencia EFE su escepticismo sobre la versión oficial. Padilla señaló que, en los últimos meses, las autoridades han detenido de manera creciente a miembros de la comunidad migrante «sin antecedentes penales o causa aparente».
«Estos casos están aumentando y lo más triste es que es un proceso de mucha injusticia, porque no hay ningún referente de un crimen o una violación de la ley», lamentó Padilla, reflejando el temor colectivo a la criminalización de la población migrante.
La líder comunitaria fue más allá al expresar su inquietud de que el nuevo grupo operativo represente la «antesala» de una campaña federal de deportación a gran escala, similar a las ejecutadas por la Administración Trump en ciudades con políticas de protección a migrantes, como Chicago (Illinois) y Washington D.C.
Precedentes de abusos y detenciones indiscriminadas
La actual Administración Republicana ha prometido llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de EE. UU., enviando cientos de agentes federales a ciudades gobernadas por la oposición demócrata.
Organizaciones de renombre como Human Rights Watch (HRW) han criticado duramente al gobierno, acusándolo de cometer abusos contra la población mediante el arresto indiscriminado y «sin respeto por los derechos humanos» de personas migrantes o de origen latino.
Un caso paradigmático se ha reportado en Chicago. Datos recientes del diario local The Chicago Tribune indican que, de más de 600 personas detenidas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) durante un operativo masivo en esa ciudad, solo 16 de las que permanecen bajo custodia federal tienen antecedentes penales. Además, diversas organizaciones han señalado al gobierno por identificar y detener a migrantes venezolanos como miembros del “Tren de Aragua” sin presentar pruebas concretas o historiales criminales verificables, alimentando la preocupación sobre la selectividad y la justificación de estos operativos.
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