
EEUU: Nueva norma permite negar o retirar asilo por riesgo sanitario
Este 31 de diciembre de 2025 marca la entrada en vigor de una significativa y controversial regla migratoria en Estados Unidos (EEUU). Esta nueva normativa faculta a las autoridades a negar o retirar la condición de asilo a inmigrantes que, según criterios específicos, representen un riesgo para la salud pública o una amenaza sanitaria en el país.
La regla, anunciada previamente y que genera preocupación entre las organizaciones de derechos humanos y proinmigrantes, establece un nuevo mecanismo de filtro dentro de los procesos de asilo. Específicamente, el caso de un solicitante de asilo podrá ser vetado, y potencialmente derivar en un proceso de deportación, si se determina que la persona presenta síntomas o padece una enfermedad que haya sido declarada como una emergencia sanitaria a nivel federal o que represente un riesgo significativo para la comunidad.
Criterios y preocupaciones: El desconocimiento de los detalles
Uno de los puntos más críticos y que ha suscitado mayor debate es la falta de claridad en los criterios de aplicación. Al momento de su entrada en vigor, se desconoce con precisión cuáles serían las enfermedades o síntomas específicos que activarían esta denegación. Esta ambigüedad deja un amplio margen de discrecionalidad en manos de las autoridades migratorias y sanitarias.
La gran pregunta que surge es quién tomará la decisión final. Aunque se espera que la determinación recaiga en una combinación de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y expertos en salud, la falta de protocolos públicos detallados genera incertidumbre. Las organizaciones temen que esta norma pueda ser utilizada de forma desproporcionada o arbitraria contra grupos vulnerables, o que se convierta en una herramienta para limitar el acceso al asilo basándose en diagnósticos médicos que podrían ser tratables.
Impacto potencial en la frontera y derechos humanos
La nueva regla se implementa en un contexto de altos flujos migratorios y una presión constante sobre el sistema de asilo estadounidense. Sus defensores argumentan que es una medida necesaria para proteger la salud de la población y mantener la integridad del sistema ante posibles crisis sanitarias globales. Sin embargo, los críticos señalan que la norma podría violentar el principio de no devolución (non-refoulement), un pilar del derecho internacional de refugiados que prohíbe devolver a una persona a un lugar donde su vida o libertad estén amenazadas.
El temor reside en que un individuo que huye de persecución legítima —y que tiene un caso de asilo sólido— pueda ver su solicitud denegada no por la falta de mérito de su miedo fundado, sino por una condición médica que escapa a su control. Expertos legales anticipan que la aplicación de esta norma podría desencadenar una ola de litigios y desafíos legales en cortes federales a lo largo de 2026, buscando establecer límites claros a la discrecionalidad de las autoridades.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han manifestado que estarán vigilantes ante el uso de la regla, especialmente en los puertos de entrada y a lo largo de la frontera sur, para asegurar que no se produzcan abusos ni violaciones a los derechos de los solicitantes de protección internacional.
La entrada en vigor de esta medida, justo al cierre del año, marca un cambio drástico en la política migratoria de EEUU, poniendo la salud pública como un factor determinante, y potencialmente excluyente, en la elegibilidad para recibir protección en el país.
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