Según Washington, Caracas ha intentado «sofocar la disidencia» arremetiendo contra manifestantes que protestan por el deterioro de la situación política, económica y de seguridad.
Además, la corrupción está «contribuyendo al rápido empeoramiento de las condiciones sociales y económicas en Venezuela», señaló la nota.
Por segunda vez en seis semanas, Washington impone sanciones contra funcionarios venezolanos, pero esta vez la medida surge enteramente del Ejecutivo y no por iniciativa de los legisladores.
El presidente Barack Obama firmó el 19 de diciembre una ley, aprobada previamente por las dos cámaras del Congreso, que congela los bienes y cancela las visas a funcionarios venezolanos señalados de cometer violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron Venezuela a inicios de 2014.
Al igual que en aquella oportunidad, el gobierno estadounidense omitió detallar el número de funcionarios o exfuncionarios venezolanos afectados por la medida o sus nombres, alegando leyes de confidencialidad.
Washington se cuidó también de enfatizar que la nueva medida «es específica para individuos y no están dirigidas contra el país o sus habitantes».