El Gobierno colombiano y los indígenas nasas volvieron hoy a la mesa de diálogo para buscarle una salida a la situación de conflicto en los territorios aborígenes del suroeste del país, dijeron las partes implicadas en los acercamientos.
Las conversaciones fueron retomadas en Toribío, la población del departamento del Cauca más afectada por los choques e incidentes entre las fuerzas de seguridad y los indígenas, que dejan al menos un muerto y una treintena de heridos, todos de la minoría étnica.
La cita de Toribío es la continuidad de una reunión preliminar celebrada el miércoles en Santander de Quilichao, localidad sede de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín), que reúne a las autoridades de los nasas o paeces.
Las conversaciones previas terminaron sin avances anoche tras la retirada de la mesa de la delegación de los indígenas, dijo a Efe por teléfono el consejero político de la Acín, Feliciano Valencia.
El líder nasa explicó que los doce delegados de su etnia se apartaron disconformes por la postura de la representación del Gobierno de no discutir las exigencias indígenas.El respeto a la autonomía de los aborígenes, reconocida por mandato constitucional, y su decisión de expulsar de los territorios ancestrales a militares y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), centran la agenda nasa.
«El Gobierno está desenfocado», aseguró Valencia, quien observó que los indígenas exigen al Ejecutivo de Juan Manuel Santos que se ponga fin a la «campaña de difamación» que vincula a nasas con las FARC, que no se judicialice a quienes han participado en el desalojo de instalaciones de la fuerza pública y se asuma la discusión de las exigencias de la Acín.
A pesar de la ruptura temporal, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro, que actúa como facilitador del diálogo, confió hoy en que las partes puedan avanzar en el espacio de diálogo y discusión que se ha abierto.
«Estamos convencidos de que se deberá (…) avanzar», expresó Moro a un corresponsal de la cadena Caracol Radio en la zona de conflicto.A pesar de la postura indígena, el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, aseguró que el diálogo con la Acín avanzaba a «buen ritmo».
Ortega hace parte de la llamada Comisión de Alto Nivel conformada por el Ejecutivo para estas conversaciones y que es liderada por el Ministerio del Interior, que envió a la zona a tres funcionarios medios,En este comité también tienen asiento varios delegados de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo.
Tribunal
Un tribunal de la etnia colombiana de los nasas inició hoy un juicio a cuatro presuntos guerrilleros de las FARC que fueron detenidos el miércoles por los indígenas en las montañas de Toribío, localidad del conflicto departamento del Cauca.
La vista está encabezada por los gobernadores de los 19 resguardos de los nasas, con el apoyo de una comisión conformada por «sabios tradicionales», informó a Efe el consejero político de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín), Feliciano Valencia.
«El juicio es abierto y, en él, personas delegadas por las comunidades podrán hacer preguntas a los rebeldes», explicó Valencia, al indicar que este proceso se basa en la jurisdicción especial indígena que existe en Colombia, según contempla la Constitución colombiana.
Además de una justicia propia, la Carta Magna les reconoce a los aborígenes la autonomía, figura que está en el centro de la crisis creada a partir de la decisión de los nasas o paeces de expulsar de sus territorios ancestrales a las fuerzas de seguridad y a los guerrilleros.
En declaraciones telefónicas desde Toribío, Valencia explicó que el juicio puede prolongarse por horas o días, y que las penas a las que están expuestos los presuntos insurgentes son variables, pues dependen de si ellos son miembros de la minoría étnica o no.Las autoridades nasas no han informado de si los detenidos pertenecen a su etnia, que se ha declarado neutral ante el conflicto y en «resistencia permanente», con el objeto de expulsar a todos los actores armados de las tierras aborígenes, cuya seguridad está en manos de la llamada Guardia Indígena.
La reclusión, el castigo a latigazos o el destierro son las penas que afrontan estos presuntos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), uno de los cuales es menor de edad.Guardianes nasas los sorprendieron con fusiles y explosivos en las montañas de Toribío y los trasladaron a un local indígena en el casco urbano de esta población.
El castigo que puedan recibir estos detenidos «depende de lo que ellos hayan cometido», apuntó a Efe el consejero de la Acín, para apuntar que «de acuerdo con la gravedad, con la ‘desarmonía’ cometida por ellos se decidirá el remedio (pena) correspondiente».»Son los mayores sabios quienes entrarán a tomar la decisión respecto del remedio que se les debe aplicar a ellos», apuntó Valencia.
EFE
