El Ministerio del Interior de España dejará de otorgar y renovar esta protección temporal a partir de este viernes, obligando a los afectados a buscar alternativas de regularización laboral.
El Gobierno de España dejará de conceder y renovar la residencia temporal por razones humanitarias a partir de este viernes 12 de junio. Esta medida, que afecta directamente a la comunidad venezolana, coincide con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Según una nota informativa del Ministerio del Interior emitida este jueves, el país dejará de reconocer estos estatutos de protección internacional tal y como se venía haciendo en los últimos años.
La decisión marca el fin de un mecanismo clave de regularización. Para los ciudadanos que actualmente sostienen este tipo de permiso, la normativa introduce un escenario complejo, ya que no se permitirán renovaciones ni solicitudes de reagrupación familiar. Ante esta situación, el Ministerio del Interior ha estipulado que los afectados deberán tramitar de forma anticipada otras autorizaciones de residencia y trabajo contempladas en la legislación general de extranjería.
Este permiso especial fue implementado en 2018 como respuesta al flujo masivo de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos venezolanos y las bajas tasas de reconocimiento del estatuto de refugiado. Desde su creación, el mecanismo permitió regularizar la situación administrativa de aproximadamente 240.000 venezolanos en territorio español, quienes ahora deberán migrar hacia el régimen general para no quedar en la irregularidad.
El nuevo procedimiento en la frontera española
Con la activación del pacto europeo, España implementará un procedimiento de protección internacional directamente en la frontera. Este sistema se aplicará a los migrantes que lleguen a las costas en embarcaciones precarias o sean interceptados en intentos de entrada irregular. El proceso contará con un plazo máximo de resolución de 12 semanas.
Durante el tiempo que dure el análisis de la solicitud, las personas no recibirán una autorización de entrada formal al territorio nacional. Los demandantes deberán permanecer en instalaciones fronterizas específicamente habilitadas para este fin, aunque el Gobierno aclara que el régimen no implicará la privación de libertad. Si la solicitud de asilo es denegada tras la evaluación, se procederá de forma automática a la denegación de entrada, devolución o retorno del migrante.
Garantías legales y exámenes acelerados
El Ministerio del Interior asegura que el diseño de este procedimiento en los puestos fronterizos mantiene un enfoque garantista y respetuoso con los derechos humanos. Los solicitantes contarán con asistencia jurídica obligatoria, la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la posibilidad de solicitar un reexamen si la primera respuesta es negativa.
Finalmente, la nueva normativa introduce un procedimiento de examen acelerado. Este modelo se aplicará prioritariamente a solicitantes originarios de países que registren una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en el promedio de la Unión Europea, agilizando los rechazos de las peticiones con menos probabilidades de prosperar.
www.diariorepublica.com
