Defensores de derechos humanos, expertos legales y reformadores de políticas de drogas condenan enérgicamente el reciente ataque militar estadounidense que destruyó una embarcación en aguas cercanas a Venezuela, resultando en la muerte de sus ocupantes. Aunque la administración de Donald Trump justificó la acción como parte de su estrategia antidrogas, los críticos la describen como una ejecución extrajudicial sin precedentes y carente de justificación legal.
Sarah Yager, directora de Human Rights Watch en Washington, calificó el ataque como una peligrosa escalada. «Abordo esto con una profunda preocupación por el Estado de derecho», declaró Yager en una videoconferencia. «Este presidente cree que puede matar a cualquiera, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, sin tener que justificarlo. Y que estará exento de responsabilidades», añadió.
Yager subrayó que, a diferencia de administraciones anteriores, la de Trump no ha ofrecido ninguna base legal clara para el ataque, como una autorización del Congreso o el derecho internacional humanitario. «Con administraciones anteriores, podíamos debatir sus justificaciones. Con la administración Trump, no hay un argumento concreto al que oponerse. Esto es una nueva y peligrosa realidad», afirmó.
Sarah Harrison, analista principal del Programa de Estados Unidos para el International Crisis Group, fue aún más directa, describiendo el ataque como «asesinato premeditado».
