Durante su comparecencia ante el Parlamento, el ministro del Interior peruano, César Astudillo, adelantó que la administración de la presidenta Keiko Fujimori implementará traslados en barcos para incrementar las repatriaciones, reconociendo al mismo tiempo el aporte de la comunidad migrante honesta que reside en el país.
El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, anunció este lunes 7 de septiembre ante la comisión de Defensa del Parlamento que el Ejecutivo peruano adelanta negociaciones con la administración de Delcy Rodríguez para concretar acuerdos bilaterales orientados a la deportación masiva de migrantes venezolanos en situación irregular mediante transporte marítimo.
Durante su presentación legislativa, el titular de la cartera de Interior detalló que el Estado ha logrado expulsar hasta la fecha a 1.635 ciudadanos venezolanos bajo condición migratoria no regular, una cifra que —según proyectó— se incrementará de manera exponencial una vez se formalicen los protocolos navales de repatriación.
«Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela para mandarlos por barco, y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así», aseveró el funcionario ante los parlamentarios.
Población migrante y seguridad ciudadana
Astudillo contextualizó la magnitud del fenómeno migratorio recordando que en territorio peruano convive la segunda comunidad venezolana más grande en el extranjero, estimada en 1,6 millones de personas (superando demográficamente a poblaciones originarias como los aimaras), concentrándose en su mayoría en la ciudad de Lima.
El ministro matizó el impacto social de la migración al reconocer la dualidad del fenómeno, diferenciando a los trabajadores de las estructuras delictivas:
«No todos son delincuentes. Hay gente que trabaja, pero tenemos una gran cantidad de delincuentes y de criminales perversos, de esos que cortan cabezas y dedos que caminan por acá por la calle. De esos estamos detrás de ellos. Todos los días hacemos operativos en las calles», apostilló.
Gran parte de la diáspora venezolana en el país andino enfrenta barreras burocráticas y económicas para mantener su regularidad, debido a la complejidad en la obtención de empleos formales que faciliten la tramitación y renovación de visados especiales emitidos en procesos anteriores, una problemática que las autoridades locales mantienen bajo estrecho monitoreo operativo.
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