El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) emitió este miércoles un enérgico llamado a las autoridades venezolanas para que esclarezcan la situación de los centros de reclusión en la capital. La solicitud surge tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que se está procediendo al cierre de una «cámara de torturas» en el corazón de Caracas, sin ofrecer detalles específicos sobre la ubicación o el destino de los detenidos.
Incertidumbre en El Helicoide
Aunque el mandatario estadounidense no mencionó una sede particular, diversas organizaciones no gubernamentales presumen que la referencia alude a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Clipp advirtió que la falta de información oficial está generando una «ola de ansiedad e incertidumbre» entre los familiares, quienes desconocen si sus allegados están siendo liberados o trasladados.
«Exigimos transparencia y respeto a la integridad física de los detenidos. Es urgente que se publique información oficial para evitar traslados arbitrarios y garantizar la libertad inmediata de todas las personas arrestadas por motivos políticos», señaló la organización a través de sus canales oficiales.
Contraste de cifras y falta de verificación
La situación de los privados de libertad por causas políticas presenta un panorama complejo a inicios de 2026:
Cifras actuales: La organización Foro Penal mantiene un registro de 863 presos políticos en el país, de los cuales 86 poseen nacionalidad extranjera.
Excarcelaciones recientes: Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, las autoridades anunciaron la liberación bajo medidas cautelares de 99 y 88 personas, respectivamente.
Opacidad: Las ONG locales han denunciado que, hasta la fecha, no se ha podido verificar la totalidad de estas excarcelaciones ni se han reportado nuevos beneficios procesales tras el anuncio de Trump.
El anuncio de Washington
El pasado martes 6 de enero, durante un encuentro con congresistas republicanos, Trump afirmó categóricamente: «Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo clausurada». Estas palabras han activado las alarmas de los defensores de derechos humanos, quienes temen que se realicen movimientos de prisioneros hacia centros de reclusión desconocidos sin el debido control judicial.
Clipp y otras plataformas de defensa humanitaria reiteraron que cualquier proceso de clausura de centros de detención debe ir acompañado de un cronograma público de liberaciones y del cese definitivo de prácticas que vulneren la dignidad humana.
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