El caso del intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio, ha tomado un giro alarmante tras la divulgación del testimonio del sicario, un menor de 17 años sentenciado por el crimen. Su relato detalla un sofisticado esquema de coacción criminal y plantea serias acusaciones sobre la presunta complicidad de miembros de la fuerza pública y el esquema de seguridad del propio dirigente político.
El joven, quien inicialmente trabajaba para la venta de drogas, describió cómo fue forzado a ejecutar el atentado tras una serie de llamadas y encuentros atípicos con sus contactos, identificados con los alias de «el Caleño» y «el Costeño» (o «Chipi»).
La Coacción como Arma Principal
Según la declaración del menor, las dudas surgieron cuando le ordenaron borrar todas las conversaciones, un acto inusual que lo llevó a tomar capturas de pantalla de la evidencia. El punto de no retorno fue la amenaza explícita que lo obligó a asumir el encargo criminal:
«Usted ya no se puede retractar, a menos que quiera que su familia esté en riesgo y usted también,» le advirtió alias ‘Chipi’, confirmando el carácter extorsivo del delito.
El testimonio detalla cómo fue recogido en un vehículo y obligado a recibir el arma de fuego de manos de una mujer con vestido rosa, recibiendo instrucciones precisas para disparar «de seis a siete tiros» en la cabeza y la espalda del político.
Denuncias de Complicidad en la Seguridad
La parte más grave del relato se centra en las presuntas fallas de seguridad. El menor testificó haber escuchado una conversación entre sus captores que sugería que «la Policía ya está toda comprada» y que «los escoltas del que había que matar ya estaban informados.»
Según el menor, los sicarios le indicaron las ubicaciones de varios agentes y de los escoltas del senador, asegurándole que «se van a hacer los bobos cinco minutos» para facilitar su huida. Esta información sugiere que la banda criminal había realizado una intensa recolección de inteligencia sobre los movimientos de Uribe Turbay y su esquema de protección durante meses.
Pista Desaparecida y Llamada a la Fiscalía
El menor también reveló que uno de los teléfonos celulares, donde se encontraban las conversaciones de WhatsApp que probaban la coacción y la planificación del atentado, desapareció el día de los hechos tras ser arrojado a un río.
Ante la gravedad de las acusaciones de corrupción y el destino incierto de esta prueba fundamental, la atención se centra ahora en la Fiscalía General, a la que se le exige una investigación exhaustiva que trascienda la condena del menor y se centre en desmantelar la red de sicariato y complicidad institucional que permitió planear y ejecutar este grave acto de violencia política.
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