Viven juntos desde hace años, comparten alquiler, vacaciones, arreglos domésticos y facturas de mercados, se cuidan cuando enferman y disfrutan ir al cine o salir a comer. Se quieren y respetan.
Son como cualquier otro matrimonio entre hombre y mujer, pero con ciertas diferencias: no pueden registrar bienes mancomunados, ni solicitar un seguro médico para su consorte en el trabajo, tampoco disfrutar de beneficios laborales como el bono por matrimonio y si uno de los dos muere, el otro no hereda lo que por tanto tiempo construyeron en conjunto.
En Venezuela, la pareja Lgbt (sigla que identifica al colectivo de lesbiana, gay, bisexual y transexual) no disfruta de los beneficios legales de la unión heterosexual que establece la Constitución o el Código Civil.
Ginyveth (Gini) Soto y Migdely Miranda creen en el matrimonio como un compromiso de respeto y fidelidad para toda la vida. Se conocieron hace dos años y se casaron en Rosario, Argentina, en junio de 2013. Están embarazadas: van a tener un hijo, concebido mediante técnica de reproducción in vitro. Crece en el vientre de Miranda con los óvulos de Soto y la donación de un banco de semen.
“El matrimonio igualitario da legitimidad en una sociedad que rechaza al homosexual. Brinda estatus formal a la relación”, afirma Miranda.
“Nos amamos, convivimos, queremos tener hijos, nietos, envejecer juntas, pero el Estado niega nuestros derechos. Somos vulnerables. En la actual situación, el bebé solo llevaría el apellido Miranda. No lo podría registrar como mi hijo. Si no aprueban la ley pronto, tendremos que irnos a Argentina a dar a luz”, enfatizó Soto.
“Casarnos no cambia nuestra vida en pareja. La aprobación del matrimonio igualitario en Venezuela daría soporte legal a nuestra relación de 15 años en la que hemos invertido tiempo, dinero y sentimientos”, afirma Raymer Díaz, quien se casó en diciembre con Edwin Erminy en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
“El Estado no puede negar que ya existen familias, de hecho formadas por homosexuales. Solo le pedimos a la sociedad que acepte nuestros derechos como ciudadanos”, agrega Erminy.
Las dos parejas se vieron obligadas a trasladarse el año pasado hasta Argentina (donde el matrimonio igualitario es legal desde 2010) para formalizar su relación. En Venezuela no hay ley que reconozca su relación. Tampoco pueden registrar su acta de matrimonio en el país, a diferencia de las parejas heterosexuales que se casan en el extranjero.
El acta de matrimonio de Soto y Miranda fue rechazada por el Registro Principal de Caracas. Su director, Manuel Gil, se niega a responder por escrito. La última vez que la solicitaron, se rió en sus caras.
La paridad de derechos del matrimonio igualitario civil en Venezuela es una demanda elocuente: 50 mil parejas Lgbt tienen intención de casarse, según registra la organización Unión Afirmativa (Unaf) mediante una encuesta en su página web. Unas 6 mil parejas venezolanas ya han contraído matrimonio en el extranjero, según el último censo del Movimiento pro inclusión de Voluntad Popular (VP). Mientras, el proyecto de ley espera por su discusión en la Asamblea Nacional.
Un paso histórico. No hay que esperar a que Venezuela esté preparada para aprobar el matrimonio igualitario. Así coinciden representantes del movimiento Lgbt.
“La historia de la lucha de derechos civiles, grupos discriminados como negros y mujeres tuvieron que convencer pacíficamente al resto de la sociedad de sus legítimos derechos”, considera Edwin Erminy.
La entrega del proyecto de ley de matrimonio igualitario ante la AN el pasado viernes 31 de enero fue calificado de “histórico” por los activistas a favor de la sexodiversidad. La propuesta fue recibida por diputados de diferentes toldas políticas con un discurso de tolerancia y respeto. “Por primera vez, ideologías distintas se unen por un fin común”, describe Soto, quien es sobrina del diputado Fernando Soto Rojas.
“En revolución se logran cambios sociales. La homofobia desaparecerá del Psuv y de la oposición. Las instituciones del Estado deben reconocer nuestros derechos. Nos decepciona que personas en puestos clave no cumplan el plan de la patria, que promueve políticas de igualdad”.
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