El exsenador Alexander Luzardo, autor de las normas ambientales de la Constitución nacional, se refirió este viernes al denominado ‘arco minero’anunciado como un mecanismo del gobierno para la obtención de ingresos no petroleros y aseguró que amenaza la fragilidad de los ecosistemas ubicados al sur de Venezuela.
“El arco minero es un crimen ecológico y un genocidio contra los indígenas”, afirmó entrevistado en el programa Primera Página de Globovisión, al indicar que es incorrecto hablar de “un arco minero”, cuando se está obviando las reservas de agua ubicadas en esa franja.
“Es una denominación incorrecta definir esa zona como un simple arco minero, porque la vocación de la zona es fundamentalmente hídrica, tenemos también la presencia de selvas fundamentales para la estabilidad ecológica, definirlo como un arco minero es sesgar (…) No es la primera vez, en 1997 se presentó una propuesta de explotar intensivamente la reserva forestal de Imataca, yo impugné ante la Corte Suprema, conjuntamente con un grupo de venezolanos, me acompañó el jurista Tulio Álvarez, se hizo un gran movimiento nacional, y en aquel momento logramos paralizar ese decreto porque había que preservar el sur de Venezuela”, expresó.
Para el experto, “más importante que el oro, más importante que esos recursos que se plantean de carácter ‘fiscalista’, ‘inmediatista’, son los recursos del agua, de los bosques, insustituibles”.
Lo considera una “repartición del territorio en áreas de influencia. Es una privatización de la patria, poniendo en peligro un recurso insustituible para la vida”.
“Es una falsa salida, es un desarrollo ‘insustentable’. El país está en deuda ante el tema del cambio climático. La respuesta no puede ser acabar con todo el sur de Venezuela y acabar con el agua”, subrayó.
“No queremos un presidente garimpeiro ni una Fuerza Armada garimpeira”, recalcó en alusión al término usado para referirse a los mineros ilegales.
“El arco minero es un crimen ecológico y un genocidio contra los indígenas, pone en peligro las reservas de agua del país”.
“Es el arco de la muerte, la contaminación del Orinoco, gran parte del cianuro y el mercurio contaminarían el Orinc. El Delta sería afectado, además incrementaría los casos de dengue con las deforestaciones en la zona (…) Esto es un atentado contra las futuras generaciones, este es un crimen ecológico cometido por el gabinete en pleno”, expresó preocupado.
“Toda práctica de minería es incompatible con suelos frágiles”, aseguró al referirse a la cuenta del Caroní y el Paragua.
“Ese afán minero es sumamente sospechoso (…) Hemos reincidido en un rentismo depredador (…) no nos oponemos a la diversificación de la economía sustentable”, dijo, al sugerir que debe ser investigado por la Asamblea Nacional.
“Es un decreto de guerra a muerte contra el Imataca (…) El Orinoco sería contaminado. Se está poniendo en peligro el patrimonio de las futuras generaciones, este es un crimen ecológico que los venezolanos deben rechazar”.
“Es la amenaza, el megaecocidio más grave de toda América Latina”, subrayó.
El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, ha manifestado que el “modelo de extracción de minerales que adelanta el Gobierno será amigable con el medio ambiente. “Vamos hacia una minería que preserva el ambiente en términos de extracción, explotación e industrialización de minerales”.
“Si hay mayor riqueza en Venezuela y se distribuye con conciencia nacional, con conciencia universal, indudablemente que toca (al pueblo), porque agarras eso (ingresos) y lo inviertes en hospitales, en la industria y creas más valor de producción interna”, afirmó en declaraciones a Telesur.
El Arco Minero del Orinoco cuenta con una superficie de 114.000 kilómetros cuadrados y ocupa gran parte del sur del territorio nacional y registra oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.
El Presidente Nicolás Maduro firmó recientemente el decreto con la cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
Vía Panorama/www.diariorepublica.com
