La Misión Internacional de Determinación de los Hechos resalta la importancia de incluir a las víctimas en el proceso legislativo y advierte sobre el riesgo de exclusión por tecnicismos legales.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela ha recibido con una postura de vigilancia y prudencia la aprobación preliminar del proyecto de ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional. Si bien el organismo reconoce que esta medida representa un paso potencial hacia la reconciliación nacional, enfatiza que su efectividad real dependerá de una implementación que no deje espacio a la arbitrariedad ni a la exclusión de quienes han sido perseguidos bajo figuras legales no políticas.
Una oportunidad para la justicia y el alivio humanitario
En un pronunciamiento oficial, Alex Neve, experto integrante de la misión, señaló que una legislación de esta naturaleza constituye una ventana de oportunidad fundamental para restablecer el sistema de justicia. Neve subrayó que el objetivo primordial debe ser aliviar el padecimiento de las numerosas personas que han sufrido detenciones arbitrarias y procesos judiciales irregulares en el país. No obstante, el experto fue enfático al declarar que el impacto positivo de la ley está intrínsecamente ligado a una aplicación transparente, técnica y estrictamente apegada a los estándares internacionales de derechos humanos.
Para la misión, el restablecimiento del tejido político venezolano no puede lograrse si la ley se percibe como una herramienta de conveniencia selectiva. Por el contrario, debe funcionar como un mecanismo robusto que garantice que ninguna persona permanezca privada de su libertad por ejercer sus derechos civiles o expresar disidencia política.
El riesgo de una aplicación limitada y excluyente
Por su parte, la comisionada María Eloísa Quintero expresó su preocupación ante la posibilidad de que el alcance de la amnistía sea demasiado restrictivo. El punto crítico reside en que muchos ciudadanos han sido criminalizados mediante cargos que, en el papel, parecen de naturaleza civil, administrativa o laboral, pero que en la práctica han sido utilizados como herramientas de persecución política. Quintero advirtió que centrarse exclusivamente en delitos tipificados como políticos podría dejar en el desamparo a un grueso de la población que aún enfrenta procesos disciplinarios o patrimoniales injustos.
La misión alertó que, bajo la redacción actual, existe el peligro de que individuos acusados de delitos contra el patrimonio público queden fuera del beneficio, incluso cuando dichas acusaciones carezcan de fundamento sólido y formen parte de una estrategia de hostigamiento sistemático. Sin una restitución plena de derechos, la amnistía corre el riesgo de ser una solución parcial que no resuelva la crisis de fondo.
La necesidad de procesos participativos y reformas de fondo
Bajo la dirección de Marta Valiñas, la misión también hizo hincapié en la falta de consultas públicas durante la elaboración de este proyecto de ley. Un proceso de esta magnitud requiere la participación activa y significativa de las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil. Solo a través del diálogo inclusivo se puede construir una norma que goce de legitimidad y responda a las necesidades reales de reparación.
Finalmente, el organismo internacional recordó que la Ley de Amnistía, aunque necesaria, no es suficiente por sí sola. Para evitar que las violaciones de derechos humanos se repitan, el Estado venezolano debe emprender reformas estructurales que desmantelen las prácticas institucionales que permiten la persecución. La ley debe cubrir el periodo desde 1999 hasta el presente, manteniendo las exclusiones necesarias en casos de homicidio, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, para asegurar que la búsqueda de paz no se convierta en un camino hacia la impunidad.
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