La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha ratificado su rotundo apoyo a la presencia militar de Estados Unidos en la región, una postura que la ha enfrentado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Persad-Bissessar ha permitido operaciones militares estadounidenses en aguas trinitenses y el atraque de un buque de guerra de EE. UU. en la capital, aplaudiendo los ataques aéreos contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes. Incluso ha declarado que Estados Unidos debería “eliminarlos a todos con violencia”.
Esta firme posición ha generado una fuerte reacción de Maduro, quien acusó a Persad-Bissessar de convertir a Trinidad en un «portaaviones del imperio estadounidense» contra Venezuela. Como respuesta, Venezuela suspendió las conversaciones para desarrollar yacimientos de gas en alta mar, una acción que pone en riesgo ingresos vitales para la industria energética trinitense. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano advirtió que Trinidad «sufrirá las consecuencias más trágicas» de cualquier intervención de Estados Unidos en Venezuela.
La primera ministra, conocida por sus iniciales KPB, parece apostar a que Estados Unidos logre el derrocamiento de Maduro, lo que, según sus exasesores, le garantizaría mejores condiciones en futuros acuerdos gasíferos con el sucesor. Esta estrategia conlleva riesgos, especialmente si debe negociar con el gobierno actual venezolano al finalizar el conflicto.
El apoyo de Persad-Bissessar se enmarca en un despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Caribe, que incluye la presencia de miles de marines y el portaviones USS Gerald R. Ford. Ella defiende que las políticas antidrogas de EE. UU. mejorarán la seguridad en su país, el cual enfrenta una alta tasa de homicidios por el tráfico de drogas y armas.
El delicado equilibrio de Trinidad y Tobago resalta las dificultades de las naciones caribeñas para balancear su seguridad y sus prioridades económicas, ya que el futuro de su sector petrolero y gasífero, que constituye el 40% de su economía, depende de un acuerdo con Venezuela para acceder a yacimientos de gas compartidos.
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