El abogado José Luis Tamayo sostiene que desacatar una decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se castiga con una multa que va de 100 a 200 Unidades Tributarias o con arresto de hasta 15 días.
“Todos los tribunales tienen que hacer cumplir sus decisiones”, explicó Tamayo, cuando le preguntamos a qué sanción se exponen los alcaldes Gerardo Blyde (Baruta) y David Smolansky (El Hatillo), toda vez que el TSJ les ordenó remover las barricadas en sus respectivos municipios, según sentencia 135 de la Sala Constitucional.
“Pero antes de imponerles la sanción, el TSJ debe escucharlos”, destacó el profesional del derecho.
La sentencia 135 de la Sala Constitucional le advierte a los alcaldes Blyde y Smolansky que si no cumplen lo ordenado se les aplicara arresto de 6 a 15 meses, porque así lo establece el artículo 31 de la Ley de Amparo.
En esa misma sentencia, la Sala Constitucional le ordena a los alcaldes de Baruta y El Hatillo “desplegar las actividades preventivas y de control del delito” para asegurar la paz social, tal como lo establece la Ley Orgánica del Servicio de Policía. La actuación de las policías (nacional, regionales y municipales) quedó regulada en la resolución 113 del Ministerio de Interior y Justicia publicada en la Gaceta Oficial 39.658, difundida el 11 de abril de 2011.
Dicha resolución establece que las policías municipales deben contribuir “con las orientaciones debidas a las personas y el control de perímetro externo de la zona de conflicto, a fin de preservar la seguridad de las personas, evitar la escalada en la confrontación y facilitar la operatividad de los demás cuerpos policiales”.
Vía: Ultimas Noticias
