La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó el lunes un informe que concluye una intensificación de la represión política en el país luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024. El documento, entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, confirma la existencia del «crimen de persecución por razones políticas».
El informe destaca que, tras las manifestaciones desatadas por los resultados electorales divulgados por el Consejo Nacional Electoral, el gobierno de Nicolás Maduro activó «los métodos más duros de su maquinaria represiva». La misión subraya que la persecución política ha continuado en 2025 contra defensores de derechos humanos y libertades.
Asimismo, se documenta una serie de eventos trágicos, incluyendo asesinatos durante las protestas y más de 2.200 detenciones arbitrarias, junto con casos de tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual. La misión considera que estas acciones enmarcan una estrategia de persecución que equivale a crímenes de lesa humanidad.
Según la presidenta de la misión, la abogada Marta Valiñas, la cifra de muertes de personas privadas de la vida entre el 28 y 30 de julio de 2024 asciende a 25. Aunque el Ministerio Público incrementa esta cifra a 28, las investigaciones de la misión han concluido que 22 coinciden con su hallazgo, mientras que las 6 restantes no están relacionadas con el contexto electoral.
Valiñas explica que el Estado atribuyó las muertes a la oposición a través de criminales arrendados o bandas, exculpando a los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la investigación de la misión no halló pruebas que respalden estas afirmaciones. «Hemos encontrado motivos razonables para creer que miembros de los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en varias de estas muertes», subrayó.
Un incidente reseñado involucra a la Guardia Nacional Bolivariana, que disparó munición real contra manifestantes en la ciudad de Maracay, estado Aragua, resultando en la muerte de seis personas, una de las cuales fue alcanzada a menos de 10 metros de distancia.
La presidenta de la misión además remarcó que, un año después de estos hechos, la Fiscalía no ha reportado avances en las investigaciones, señalando que «todas las muertes permanecen en la impunidad».
En las semanas siguientes, se dará a conocer un informe detallado sobre la responsabilidad de la Guardia Nacional en violaciones de derechos humanos y delitos internacionales. El documento también evidencia que familiares de opositores políticos son frecuentemente detenidos como forma de represalia, generando un impacto negativo tanto en sus núcleos familiares como en la sociedad. Se identificaron varios casos de parientes de opositores encarcelados, algunos de manera anónima para proteger su identidad.
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