Después de 52 años de conflicto en los que corrió mucha sangre y se derramaron muchas lágrimas, Colombia se prepara para librar la última batalla, ésta vez no con fusiles sino con el voto, el arma de la democracia.
El día de hoy, 2 de octubre, será crucial para los colombianos que tendrán la oportunidad de aceptar o no el acuerdo final, firmado el pasado lunes en Cartagena de Indias, entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), luego de casi cuatro años de conversaciones en La Habana.
Esta declaración debe ser avalada en un plebiscito en el que están habilitados para ejercer el sufragio 34.899.945 ciudadanos. Para la aprobación de la consulta se requiere como mínimo de 4,54 millones de votos, un 13% del censo electoral, y que se definirá por mayoría simple.
Santos ha advertido que de ser rechazados los acuerdos de paz en las urnas o no alcanzar la votación mínima, el país continuaría sumido en un conflicto porque no se podría avanzar en su implementación.
Pero aunque los sondeos de opinión revelan que un 31,9% de las personas estarían dispuestas a votar en la consulta, y de ellas un 67,6% votarían por la opción del Sí y un 32,4% por el No, según un estudio de la encuestadora Gallup; no son pocos los enemigos que este tratado tiene por lo polémicos que son los pactos, sobre todo para las víctimas y sus familiares.
El acuerdo, plasmado en un texto de 297 páginas, incluye complejos temas como el acceso a la tierra para los campesinos pobres, garantías para la participación en política de los guerrilleros desmovilizados, la lucha contra el narcotráfico, justicia, víctimas, desminado, fin del conflicto y la implementación de los pactos.
Armando Borrero, exconsejero de defensa y seguridad en el gobierno del expresidente Ernesto Samper, opinó a este diario que “la guerrilla se criminalizó de una manera espantosa, pero si se quiere la paz hay que sacrificar justicia” y de no aprobarse esta consulta “las Farc seguirían con las armas”.
“Toca diseñar un sistema que, por una parte lo acepte la Corte Penal Internacional. Y las Farc aceptó que se dieran unos tribunales especiales donde se siguieran procesos y condenas eventualmente, solo que se pactara en una forma distinta a estar encerrados por años en una cárcel. Cualquiera entiende que si se quiere la paz hay que sacrificar justicia”.
En este caso, Fernando Giraldo, docente investigador de la Universidad del Norte, en Barranquilla, señaló que los dos problemas más polémicos para los colombianos es si para lograr la paz se está dispuesto a perdonar y a que no se aplique una justicia plena. “Hay un cierto margen de impunidad o de sanciones, por un lado van a pagar cárcel pero menor por los crímenes que cometieron; y en algunos casos son sanciones muy simbólicas. Ese es el tema más complicado, porque hay colombianos que quieren votar sí, pero también quieren que todos los guerrilleros vayan a la cárcel”.
El principal adversario del acuerdo es el expresidente Álvaro Uribe y su partido el Centro Democrático. “Hay una campaña de mentiras que tiene a mucha gente indecisa sobre su voto. Es una guerra sucia lo que están haciendo, el estado de derecho está mostrando lo peor”, agregó Borrero.
El conflicto armado en el hermano país ha dejado 220 mil muertos y millones de desplazados. De ganar la opción del Sí, hoy, inmediatamente se pondrá en marcha el llamado procedimiento legislativo especial, también denominado fast track (vía rápida), que reduce los tiempos para tramitar los proyectos de ley y las reformas constitucionales necesarias para implementar los acuerdos con las Farc.
Vía Panorama/www.diariorepublica.com
