Trump quiere presionar a los jueces de inmigración con cuotas anuales para acelerar la tramitación de casos y aumentar las deportaciones

Publicado el 3 de abril de 2018

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha implementado nuevas directrices, las cuales han tenido acceso el rotativo capitalino con la finalidad de que  los jueces procesen un mínimo de 700 casos al año para obtener una evaluación de rendimiento “satisfactoria”.

Las nuevas directrices también penalizarán a los magistrados que eleven más del 15 % de ciertos casos a tribunales superiores o a jueves que fijen audiencias demasiado separadas en el tiempo una de otra.

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El objetivo de las cuotas es desatascar los más de 600.000 casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por su sigla en inglés), el sistema judicial de inmigración de Estados Unidos.

Estos casos pueden tardar años en llegar ante un juez, un tiempo en el que generalmente los inmigrantes están autorizados a trabajar en Estados Unidos, lo que algunos ven como un incentivo a la inmigración irregular.

Un portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo al The Washington Post que actualmente los jueces de inmigración procesan de media 678 casos al año, aunque algunos de los magistrados llegan a 1.100.

Desatascar los cientos de miles de casos abiertos en el sistema es una de las acciones que el Gobierno de Trump quiere potenciar para endurecer la inmigración irregular a Estados Unidos.

Más allá de las cuotas, el Gobierno pretende ampliar la plantilla de jueces migratorios con docenas de contrataciones.

Con información de Agencias

 

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