El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado el estado de excepción en diez de las 24 provincias del país, citando la «radicalización» de las protestas indígenas que mantienen bloqueos de vías y enfrentamientos desde hace dos semanas. La medida, que rige por un período de 60 días, fue emitida el sábado y tiene como objetivo restablecer el orden público.
La decisión presidencial responde a las continuas manifestaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que comenzaron el 22 de septiembre en protesta por la eliminación del subsidio al diésel. Este cambio ha provocado un aumento del precio del combustible de $1.80 a $2.80 por galón, un incremento del 56% que la Conaie califica como «un golpe para la economía de los campesinos».
Balance de las Protestas y Alcance de la Medida
Según la sede presidencial, las manifestaciones han dejado un saldo de un manifestante fallecido por impactos de bala, aproximadamente 150 heridos (entre civiles, militares y policías), y alrededor de un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos.
El estado de emergencia se decretó por «grave conmoción interna» en siete provincias andinas —incluida Pichincha (cuya capital es Quito)— y tres amazónicas. En su decreto, el mandatario justificó la medida por «paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público.»
El principal foco de conflicto se ha concentrado en la provincia de Imbabura, en el norte, donde se estima que vive un 10% de la población indígena y donde el sector florícola ha calculado pérdidas de hasta un millón de dólares diarios.
Posiciones Enfrentadas
Además de la exigencia sobre el diésel, la Conaie demanda la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 12% y el aumento de los presupuestos para los sectores de educación y salud públicas.
En un comunicado emitido el domingo, la organización indígena denunció que el gobierno «responde con represión a las demandas del pueblo» y que el decreto de excepción «militariza los territorios» indígenas. El líder de la Conaie, Marlon Vargas, advirtió que «si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a tomarnos». La Conaie alertó que la medida «agrava el riesgo del uso desproporcionado de la fuerza y de detenciones arbitrarias».
En respuesta, el presidente Noboa defendió la aplicación de la ley. «Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos», declaró el mandatario, advirtiendo que «a los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes».
Los pueblos originarios representan al menos el 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, siendo una fuerza política y social clave en el país.
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