La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) ha hecho pública la denuncia sobre la deportación del periodista español Lautaro Bernat (conocido también como @pelofuego__), ocurrida la noche del domingo. El reportero fue detenido horas antes mientras cubría una manifestación en Quito en el contexto del Paro Nacional 2025 contra las medidas implementadas por el Gobierno ecuatoriano, como la eliminación del subsidio al diésel.
Graves Irregularidades en el Proceso
Según la Inredh, tanto la detención como la posterior deportación del periodista estuvieron marcadas por «irregularidades y violaciones al debido proceso». La organización detalló que Bernat fue interceptado sin que se le comunicaran las causas de su detención. Además, se le negó la comunicación inmediata con sus embajadas y no se le permitió ejercer una defensa jurídica adecuada antes de ser expulsado del país.
La fundación calificó este acto como un «grave atentado» contra la libertad de expresión y una muestra del uso autoritario de mecanismos migratorios para silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos en el marco de las protestas. Bernat había estado cubriendo las movilizaciones y realizando transmisiones en vivo a través de sus redes sociales desde el inicio del paro nacional.
Rechazo de Organizaciones y Postura Oficial
Por su parte, la organización Fundamedios también alzó su voz para rechazar enérgicamente la medida. Fundamedios aseveró que este suceso «constituye un grave atentado contra la libertad de prensa, el derecho a informar y el principio democrático de transparencia». Advirtieron que criminalizar y expulsar a un periodista por su trabajo «coloca a Ecuador en una peligrosa ruta de censura y autoritarismo».
En contraste, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, al ser consultada sobre el tema, se limitó a indicar que la deportación se basó en un informe «de carácter privado».
Contexto del Paro Nacional 2025
Las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel se han extendido por varias provincias del país con bloqueos de vías y marchas que, según reportes, han sido reprimidas por la fuerza pública. Ante el escalamiento de la situación, el sábado anterior el Gobierno de Daniel Noboa decretó el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
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